Se necesita un compromiso fuerte, claro y sostenido de cortar la influencia indebida de la industria en todas las dependencias públicas, incluidos los organismos fiscalizadores de áreas y sectores en donde las empresas tabacaleras actúan.
Por: Guillermo Paraje, Economista
La llegada de un nuevo gobierno implica una necesaria renovación de nombres al frente de reparticiones públicas. Esto traerá cambios en políticas, enfoques y prioridades. También implicará un esfuerzo renovado de agentes económicos por influir sobre las personas a cargo de diseñar, implementar y fiscalizar regulaciones a actividades económicas.
El lobby es legal y está regulado en Chile, pero existe un sector en el que se han tomado compromisos internacionales para eliminar ese lobby e impedir que se “cuele” en las políticas públicas: el tabaco. El Convenio Marco ratificado por Chile en 2005 llama a los países a impedir que los intereses de la industria tabacalera prevalezcan por sobre la salud de la población. Tabaco y salud jamás van de la mano y cualquier avance de la industria tabacalera es un retroceso de la salud pública y una pérdida de bienestar social.
Aunque debiera evitarse, el lobby tabacalero es descarado y rampante. Se ha visto con visitas de un ex-primer ministro español (José María Aznar) al ex ministro de Hacienda Felipe Larraín, o con las numerosas audiencias con parlamentarios entre los años 2018 y 2021.
El efecto de ese lobby se ha visto, por ejemplo, en la escandalosa demora y tratamiento que ha tenido el proyecto de reforma a la Ley de Tabaco que estuvo tres años sin ser tratado en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados (¿Por qué este proyecto que no tiene nada que ver con Agricultura fue pedido por esa Comisión?) y luego fue rechazado para comenzar de nuevo un largo periplo por la Cámara. Ese proyecto fue presentado en 2015 y aprobado por el Senado en 2018. Desde entonces, ha encontrado una traba tras otra en la Cámara, producto de la interferencia de la industria tabacalera que ha sido más escuchada que la sociedad civil o las sociedades científicas.
Ese lobby abierto, que está regulado por ley, es solo la punta del iceberg de uno mucho más sutil, más oculto y sin ningún control, que se realiza sobre instituciones claves. Así, por ejemplo, el Servicio Nacional de Aduanas reconoce en sus documentos que le pide asistencia técnica a la British American Tobacco (BAT) en temas de comercio ilícito de cigarrillos o que, ante la ausencia de estudios propios, toma las estimaciones de contrabando de la BAT Chile como válidas. Esto implica confiar en una multinacional que ha sido investigada y condenada por contrabando en otros países. Es, literalmente, preguntarle al zorro sobre cómo proteger a las gallinas.
Otro ejemplo: el Servicio Nacional de Aduanas, el SII, Carabineros, PDI y otras dependencias estatales se sientan en la misma mesa con BAT Chile en el llamado “Observatorio de Comercio Ilícito” creado y conducido por la Cámara Nacional de Comercio. ¿Resultado? Las cifras de contrabando de cigarrillos que BAT Chile entrega -exageradas respecto de estudios independientes- son las mismas que estas instituciones del Estado asumen como verdaderas. Hay una confianza absoluta en lo que la industria tabacalera (subsidiaria de una empresa condenada por contrabando en otros países) les dice, lo que les da legitimidad -apoyada por el Estado- a su oposición permanente a las políticas de control del tabaco.
Hay decenas de situaciones similares que dejan de manifiesto el enorme poder corruptor que tiene este sector. Esta situación debería llamar la atención de las nuevas autoridades que deben velar por el bien común, que no incluye de ninguna manera a la industria tabacalera. Se necesita un compromiso fuerte, claro y sostenido de cortar la influencia indebida de la industria en todas las dependencias públicas, incluidos los organismos fiscalizadores de áreas y sectores en donde las empresas tabacaleras actúan. (Red NP)
